Denuncia sobre manejo de fotomultas y concesiones de VTV: ordenan levantar secreto bancario de Jorge D´Onofrio
El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, ordenó levantar el secreto bancario, fiscal y bursátil del ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, y de Claudia Pombo, la ladera política del funcionario en Pilar, concejala de ese distrito y que fue desplazada de la presidencia del Concejo Deliberante.
Es en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero derivada del caso que investiga un esquema de presuntas coimas con las fotomultas y la Verificación Técnica Vehicular (VTV).
En la decisión, el juez extendió el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil a otros investigados: Agustina Cuadra (hija de Claudia Pombo), Facundo Asencio (director provincial de la VTV), Roxana Elma Pombo (hermana de Claudia, concejala y funcionaria del ministerio de D’Onofrio), Mario Quattrochi (juez de faltas) y Héctor Marcelo Suárez Basail (medio hermano de Pombo).
Según indicó La Nación, se estableció en el fallo de González Charvay, el Banco Central deberá solicitarle información sobre D’Onofrio y los demás investigados a las distintas entidades bancarias, con el objetivo de relevar “si son titulares de cuentas corrientes y/o cajas de ahorro en pesos y moneda extranjera, todo ello correspondiente al período 29 de diciembre de 2021 hasta el día de la fecha inclusive”.
El citado medio indicó que la denuncia en el juzgado federal la radicó el 5 de septiembre Leandro Camani, presidente de la empresa Secutrans, que brinda equipos y sistemas para el cobro de infracciones de tránsito.
Según se indicó, la firma había visto una merma considerable en su recaudación, que atribuye a la trama de “gestores” que se contactaban con infractores para quitarles las multas del sistema a cambio de pagos de alrededor del 50% del monto, hechos que se investiga en la Justicia de La Plata junto a sospechosas contrataciones con las concesionarias de la VTV.
En la presentación de Camani, se hizo un cálculo aproximado del monto que implicaría la porción de los “gestores” de las fotomultas: se puntualizó que solo un 2% de las multas se abonan por las vías legales y quedan “unas 340.000 infracciones que alcanzarían alrededor de $60.000 millones mensuales que estarían al alcance de ser gestionadas por canales ilegales”.
